La metamorfosis del casco urbano de Estepona en los últimos 9 años, había generado un foco de atracción turística, con potencial para posicionar a Estepona en el segmento urbano-cultural y romper con la estacionalidad de la oferta sol y playa. Además, había supuesto un revulsivo para el sector comercial de la ciudad, y lo que era más importante si cabe, situar a la Villa en el radar de la inversión privada y conseguir desbancar a localidades vecinas en la captación de proyectos emblemáticos, como el de la cadena Ikos, gracias a la eficacia y la imagen de seguridad jurídica de la gestión municipal. Para el mandato que había arrancado en junio de 2019, la gran apuesta era poder hacer realidad el sueño de convertir a Estepona en una ciudad Universitaria y un desafío mayor, desde la perspectiva de destino turístico, crecer por mayor valor añadido y no por récords de afluencia de visitantes “low-cost”. Resultaba imprescindible adoptar políticas y establecer medidas que hicieran de Estepona un destino sostenible que compatibilizara la actividad turística con el hecho de continuar siendo “el lugar para vivir”.
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