La concesionaria de la mayor terminal marítima de descarga de minerales sólidos en España es propiedad mayoritaria de la propia Autoridad Portuaria que le ha otorgado la concesión, participando en el capital los tres principales clientes y siendo el número de éstos muy reducido. Sus resultados son positivos y altos respectos a los fondos propios. La actividad depende en elevada medida de su primer cliente y el aumento de la misma ha llevado a una ampliación próxima a inaugurarse del 50 por ciento en las instalaciones, iniciándose una etapa en la que la empresa debe diversificar su clientela para cubrir su nueva capacidad. Las inversiones han sido importantes y se está considerando una ampliación del capital, siendo motivo de debat interno la participación que debe mantener la Autoridad Portuaria, la posible alianza con un operador logístico privado que cubra todo el territorio nacional y la entrada de nuevos socios que lo han solicitado. Las opiniones van desde los firmes defensores de que esta empresa mixta inicie su expansión más allá de los límites regionales en los que hasta aquellos entienden que la actual estructura acionarial hacen muy dificil gestionar con eficiencia el negocio por el lastre que supone la presencia de la Administración, en un entorno europeo en el que avanza la idea de liberalizar los servicios portuarios. El consejo de administración ha encargado una valoración de la empresa y desea decidir en breve.
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